EL ÁMBITO DE APLICACIÓN EN LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS

Por Diego Ricardo Galán Barrera.*


D. El ámbito regulatorio de la Convención

1. Aspectos objeto de regulación
     El artículo 4 de la Convención demarca, con carácter restrictivo, las cuestiones a las que se aplica la Convención o, dicho de otra manera, los aspectos sobre los que recae la regulación de su contenido normativo.

Artículo 4
     La presente Convención regula exclusivamente la formación del contrato de compraventa y los derechos y obligaciones del vendedor y del comprador dimanantes de ese contrato…

En este orden de ideas, con carácter exclusivo, son dos las áreas comprensivas de lo que hemos dado en denominar como el ámbito regulatorio de la Convención:

- La formación del contrato de compraventa, a que se refiere la Parte II de la Convención.

- Los derechos y obligaciones del vendedor y del comprador dimanantes del contrato de compraventa, regulados en la Parte III de la Convención.

2. Aspectos excluidos de regulación
      De manera expresa, el artículo 4 de la Convención también señala dos áreas no comprendidas por su ámbito de regulación:

- La validez del contrato, de sus estipulaciones y de cualquier uso

- Los efectos del contrato sobre la propiedad de las mercaderías vendidas

Sobre el particular, agrega la citada norma lo siguiente:

Artículo 4
…Salvo disposición en contrario de la presente Convención, ésta no concierne, en particular:

a) A la validez del contrato ni a la de ninguna de sus estipulaciones, ni tampoco a la de cualquier uso;…

      Ello equivale a decir que todas las cuestiones relativas a la validez del contrato se regirán por el derecho interno, "…esto es, que conforme a él serán resueltos todos los problemas relativos a la inexistencia, nulidad o anulabilidad del contrato, tales como los derivados del error en la determinación del objeto, inmoralidad o ilegalidad del contrato, engaño o intimidación, capacidad de las partes, poderes del representante..." .
     Igual acontece con la validez de los usos mercantiles, toda vez que su impugnación o la supuesta violación de una norma de orden público se ventila a la luz del derecho interno.

Y concluye la norma aludida:

Artículo 4
…Salvo disposición en contrario de la presente Convención, ésta no concierne, en particular:


b) A los efectos que el contrato pueda producir sobre la propiedad de las mercaderías vendidas.
      Dado que la regla general enunciada en el segundo segmento regulatorio de la Convención radica en los derechos y obligaciones del vendedor y del comprador dimanantes del contrato de compraventa, todo lo relacionado con la transmisión de la propiedad de las mercaderías y, particularmente, lo que se refiere a eventuales reclamaciones de terceros al respecto, deben resolverse de conformidad con el derecho interno aplicable .


E. El carácter dispositivo de la reglamentación convencional

     No empece el firme propósito uniformizador que la orienta, debe destacarse, como nota primaria, el definido carácter dispositivo de la Convención, en cuanto que la reglamentación jurídica que ella contiene puede dejar de aplicarse en virtud de varios factores:

1. Influjo de la autonomía de la voluntad sobre el régimen convencional
     Consagra la Convención el principio rector de la autonomía de la voluntad , con preferencia sobre su propia reglamentación , como un reconocimiento a la tradición jurídico-contractual derivada del código napoleónico y también como una puntual rememoración del principio general de derecho internacional privado con arreglo al cual las partes de un contrato internacional son libres para escoger el ordenamiento jurídico que le será aplicable (pactum de lege utenda) .

Es así como el artículo 6 de la Convención le concede a los contratantes la facultad de excluir la aplicación total o parcial de la misma, establecer excepciones a cualquiera de sus disposiciones o modificar sus efectos , sin perjuicio de lo normado por el artículo 12 ibídem, referente a la prueba por escrito de los actos en ella regulados.

Se transcribe a continuación el artículo 6 de la Convención:

Artículo 6
     Las Partes podrán excluir la aplicación de la presente Convención o, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, establecer excepciones a cualquiera de sus disposiciones o modificar sus efectos.

Como se apreciará a continuación, varias son las cuestiones que surgen de un acuerdo de exclusión de la reglamentación convencional, tales como la forma de realizarlo, el campo que abarca la exclusión, el momento de establecerlo y los efectos resultantes.

a. Forma de realizar el acuerdo de exclusión
     El acuerdo de exclusión de la reglamentación convencional puede realizarse de dos maneras: expresa o tácitamente.

1) De manera expresa
Consiste en que las partes estipulan, manifiestamente, que la Convención no será aplicable.
Bajo esa premisa, la exclusión implica un pactum de non lege utenda , en sentido inverso al principio ya aludido del derecho internacional privado.

Tal estipulación negativa puede llegar a verificarse de varias formas:

- Mediante una cláusula especial inserta en el cuerpo del contrato
- A través de condiciones generales de contratación
- Por medio de compromiso o pacto arbitral cuando ya haya surgido el conflicto

2) De manera tácita
      Hace referencia a aquellas actuaciones de las partes que inequívocamente permiten deducir su voluntad de no quedar sujetas a la regulación de la Convención.

Si bien es cierto que el texto convencional no se refiere explícitamente a la posibilidad de excluir su aplicación de manera tácita, también es verdad que el contenido mismo del artículo 6° no la prohíbe, lo cual se refrenda al consultar el antecedente normativo histórico, vale decir, el artículo 3° de la Ley Uniforme de Compraventa Internacional (LUCI) contenida en el Convenio de La Haya de 1964 .

Igualmente, la doctrina internacional ha defendido esta alternativa de exclusión, exigiendo para su cabal aceptación el cumplimiento de dos requisitos:

- Que la voluntad de las partes sea real, en el sentido que ella se pueda deducir con seguridad del conjunto de circunstancias que rodean al contrato. No se podrá inferir tal voluntad a partir de presunciones, ni de hipótesis ni conjeturas sobre cuál hubiera sido la conducta adoptada por las partes si hubiesen considerado el asunto.
- Que la voluntad de las partes sea consciente, es decir que no se pueda demostrar que las partes, en manera alguna, ignoraban que el contrato estaba sujeto a la regulación convencional. Para el efecto, habrá que acudir a los criterios de interpretación previstos en el artículo 8º de la Convención.

     Ahora bien, a continuación se enlistarán los supuestos que pueden configurar una exclusión tácita de la regulación convencional:

- Cuando los contratantes designan como derecho aplicable al contrato el ordenamiento jurídico interno de un Estado que no sea contratante de la Convención.
- Cuando los contratantes designan como derecho aplicable al contrato el ordenamiento jurídico interno de un Estado que sí es contratante de la Convención, pudiéndose deducir, con todo, que aquéllos no deseaban que aplicara la regulación convencional, a pesar de formar parte ella de ese ordenamiento jurídico.
- Cuando se desprende de unas condiciones generales de contratación que pudieran ser incompatibles con las disposiciones de la Convención, por el hecho de haber sido diseñadas específicamente para operar dentro del marco de un preciso ordenamiento jurídico interno.

b. Campo que abarca la exclusión

El acuerdo de exclusión de la reglamentación convencional puede abarcar la totalidad de la Convención o una parte de ella.

1) Exclusión total
     Si la voluntad de las partes es excluir en su totalidad la Convención, el contrato de compraventa internacional de mercaderías se regulará por el ordenamiento jurídico que ellas hubiesen designado o por las normas de derecho internacional privado que fueren aplicables a dicha situación privada internacional. Lo único cierto es que la reglamentación convencional no aplicará.

2) Exclusión parcial
     Los contratantes podrán "...establecer excepciones a cualquiera de sus disposiciones (de la Convención) o modificar sus efectos...", siempre y cuando se respete la disposición imperativa contenida en el artículo 12 de la Convención, relativo a la prueba por escrito del contrato de compraventa, en la medida en que el Estado contratante donde la parte tenga su establecimiento haya hecho la respectiva reserva prevista en el artículo 96 de la Convención.

Quiere ello significar que los contratantes pueden, expresa o tácitamente, determinar que alguna o algunas de las disposiciones de la Convención no se apliquen al contrato, enmarcándose tal conducta dentro de lo que se conoce como la teoría del dépeçage .

Mayor claridad, como es apenas obvio, existirá si la exclusión parcial se realiza de manera expresa. Pero puede acontecer que la exclusión surja tácitamente, para lo cual habrá que acudir a un procedimiento probatorio de indagación al respecto.

Sin embargo, lo significativo es la conciliación que debe darse entre las disposiciones convencionales aplicables y aquellas normas supletorias de un determinado ordenamiento jurídico distinto de la Convención también aplicables por voluntad de las partes. Con todo, cualquier diferencia que pueda sobrevenir con ocasión de la aplicación mancomunada de estos diversos regímenes jurídicos deberá ser interpretada de conformidad con lo previsto en el artículo 7º de la Convención.

c. Momento de establecer el acuerdo de exclusión
El acuerdo de exclusión puede realizarse en varios momentos, así:

1) En el momento de celebrar el contrato.

2) Durante la ejecución del contrato.

3) En el momento de finalizar el contrato.

4) Antes de dar inicio al proceso judicial o arbitral.

5) Durante el desarrollo del proceso arbitral.


d. Efectos del acuerdo de exclusión
     Los efectos generados por un acuerdo de exclusión deben apreciarse desde dos puntos de vista:

1) Desde la óptica del derecho aplicable según elección efectuada por las partes
      Si el ámbito de la exclusión convencional es total, puesto que las partes así lo han determinado, los efectos generados por tal resolución deben ser apreciados en su respectivo contexto.
Puede acontecer que las partes designen como derecho aplicable un derecho nacional que, a su turno, incorpore la Convención. En tal caso, no parece ajustado a la lógica que, de manera indirecta, se apliquen las normas convencionales si las partes previamente habían manifestado su intención contraria.
De otro lado, puede suceder que las partes, habiendo excluido totalmente la Convención, no escojan el derecho aplicable al contrato, quedando tal misión asignada a las normas de conflicto del foro . Si éstas determinaren que la normatividad aplicable es la de la Convención, tampoco tendría sentido el acuerdo de exclusión. Pero si tales normas remitieren a un determinado derecho nacional, será éste el que proporcione la solución material. También puede ocurrir que esa ausencia de determinación finalmente recaiga en la órbita de los árbitros quienes, en algunas ocasiones , pueden llegar a escoger directamente el derecho material aplicable. Aunque tampoco tendría sentido que tales árbitros decidieren aplicar la Convención contrariando la voluntad de las partes.

2) Desde la óptica de la Convención, en la medida en que la exclusión fuere parcial
      Si las normas de la Convención tuvieren que aplicarse de manera simultanea con las normas de un derecho nacional, lo verdaderamente relevante de tal encuentro será una eventual controversia entre ambas regulaciones. Desde una perspectiva finalista, es prudente concluir que lo más aconsejable para superar el escollo radica en efectuar una aplicación armónica de las normas. Para ello, es posible tener que acudir a un expediente interpretativo, por lo cual será el criterio que informa a la Convención el que se imponga, considerando no solo la preeminencia de ésta en cuanto tratado internacional, sino también la especialidad de su propia regulación, entre otros factores a tener en cuenta.
Otro efecto que la doctrina ha planteado en relación con la aplicación concurrente de la Convención y las normas de un derecho nacional, es el relativo a si la ausencia de reglamentación de la primera de ellas se puede apreciar, técnicamente, como una laguna . Algunos consideran que sí , por lo que es viable el recurso de acudir a la aplicación del inciso segundo del artículo 7 de la Convención, mientras que otros sostienen que no tiene cabida tal asimilación , en la medida en que el vacío reglamentario no proviene de una omisión dispositiva del texto internacional sino de la propia voluntad de las partes.


2. Función normativa reconocida a los usos y prácticas entre las partes
     La Convención, en su artículo 9º, acoge con amplitud la incidencia de los usos y prácticas en las relaciones negociales entre los contratantes, atribuyéndoles una función destacada, al reconocerle obligatoriedad a su observancia, haciéndolos prevalecer incluso sobre su propia normatividad.
En relación con el comercio internacional, huelga mencionarlo, los usos mercantiles han constituido un baluarte fundamental en la agilidad, seguridad y certidumbre requeridas. De ahí que su reflejo en la Convención, con el alcance anotado, suponga, asimismo, un avance regulatorio frente a las técnicas normativas tradicionales .
Sobre el particular, el artículo 9º precitado prevé dos supuestos diferentes:

a. Los usos pactados y las prácticas establecidas entre las partes
      El numeral 1º del artículo 9º de la Convención dispone acerca de los usos convenidos por las partes y las prácticas establecidas entre ellas.
La diferencia entre el uso y la práctica radica en el área de influencia de cada uno de ellos, pues mientras el primero se aprecia como una costumbre de carácter general en un determinado sector económico, la segunda se apoya en un comportamiento individual entre las partes .
Respecto de los usos que convengan las partes, cabe señalar que estos pueden ser acordados de manera expresa, como cuando en el contrato se utilizan las abreviaturas de los Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional o tácitamente, si del comportamiento, actuaciones o declaraciones de las partes, en los términos del artículo 8º de la Convención, se logran inferir algunos de ellos .
En relación con las prácticas que entre los contratantes se hayan establecido, debe hacerse referencia a su carácter implícito, dado por la habitualidad y continuidad de su ejercicio, como lo sería la tolerancia del comprador en cuanto a pequeñas diferencias en las cantidades entregadas por el vendedor o a demoras insignificantes en los plazos de entrega, lo cual crea una expectativa acerca de cuál es la conducta que se seguirá sobre el particular.

b. Los usos objetivamente aplicables
      El numeral 2º del artículo 9º de la Convención consagra una presunción, desvirtuable y que admite pacto en contrario, consistente en que las partes tácitamente hacen aplicable al contrato o a su formación un uso, habida consideración del conocimiento real o ficto que sobre él tengan, de la extensión, uniformidad, regularidad y amplitud de su utilización en el comercio internacional, tal como acontece con la denominada "nueva lex mercatoria" .
De la norma previamente mencionada se desprenden tres requisitos que debe llenar el uso:

- Tener carácter internacional
- Ser conocido por las partes
- Ser efectivamente seguido por los contatantes


Introducción | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Bibliografía | Notas