La Convención de Viena
Sobre los Contratos de Compraventa Internacional
de Mercaderías y el Derecho Mexicano.Estudio Comparativo(*)

Por Jorge Barrera Graf



     Las normas de nuestro derecho, contrastan con las de la Convención (art. 39), que, como ya dijimos, indican que el plazo debe ser el que resulte razonable, y que permiten que la reclamación se haga al vendedor dentro de los dos años contados a partir de la fecha de la entrega.

     Tanto más criticables son las normas de nuestro derecho, cuanto que las dos leyes recientes, de 1963 y de 1976 (L.N. y C.M. y L.P.C.), sobre todo esta última que tiene una finalidad protectora, resultan ser más restrictivas de los derechos del comprador, que la disposición del C. Civ. de 1928.

     Segundo. En relación con la obligación del vendedor de entregar documentos, la Convención se refiere a ella en dos artículos, el 30 ya citado, según el cual el vendedor "deberá entregar la mercadería y cualesquiera documentos relacionados con ella"; y el 34, que dispone que "si el vendedor está obligado a entregar documentos relativos a la mercadería", deberá hacerlo "en el momento, lugar y forma fijados en el contrato".

     En nuestro derecho, no existen disposiciones específicas sobre la obligación de entrega de documentos por parte del vendedor, salvo en la L.N. y C.M. para ciertos tipos de compraventas marítimas, como son, por supuesto, las ventas sobre documentos, así como las ventas CIF y las CF. Para la primera, el art. 210 dispone que "el vendedor cumplirá su obligación de entrega de la cosa, remitiendo al comprador en la forma pactada o usual, los títulos representativos de ella y los demás documentos indicados en el contrato o establecidos por los usos". Para los contratos CIF y CF, los arts. 217 frs. III y 220 exigen la presencia de la póliza de seguros en aquél y del conocimiento de embarque en ambos tipos.

     En cualquier contrato de venta, se estará a lo pactado (arts. 372 C. Co. y 1796 C. Civ.), pero en ausencia de pacto, se acudirá al "uso o costumbre del país" (art. 1856 C. Civ.), o a "los usos", tratándose de las compraventas marítimas;(10) inclusive a los usos internacionales (arts. 113 párrafo segundo LIC, que aunque no se refiere expresamente a la compraventa sino a la apertura de crédito, como este contrato bancario se celebra frecuentemente con ocasión de ventas internacionales, los usos aludidos sí se entienden aplicables a las compraventas; y este es el caso de los INCOTERMS).

     Por otra parte, cuando del contrato de compraventa forme parte la obligación del transporte (lo que es frecuente en el comercio internacional), al contrato siempre se acompaña la carta de porte (art. 583 C. Co.), y el conocimiento de embarque en el transporte marítimo (art. 168 L.N. y C.M.); en consecuencia, esos documentos, cuando menos, siempre acompañarán a la compraventa respectiva.

     Tercero. Por lo que concierne a la obligación del vendedor de trasmitir la propiedad de la mercancía objeto del contrato, la Convención (art. 308), a diferencia de nuestro derecho basado en la tradición francesa,(11) considera dicha transmisión, no como elemento propio y esencial de la compraventa, sino como uno de sus efectos, como un deber a cargo de una de las partes. Lo mismo, quizás, podría sostenerse entre nosotros con base en el artículo 2248 C. Civ., que se refiere a la obligación del vendedor "de transferir la propiedad de una cosa", que se agregaría a las que enumera el art. 2283, y que permitiría la venta de la cosa ajena (pese a la tajante disposición del art. 2270, que la sanciona con nulidad), cuando el vendedor se obligue a adquirirla posteriormente, y a trasmitir entonces la propiedad al comprador (arts. 2271 C. Civ., aunque esta norma habla de revalidación del contrato).

     Ahora bien, si es verdad que la Convención señala la transmisión de la propiedad como una de las obligaciones del vendedor, también lo es que en ninguna parte se refiere a ésta en forma especial, ya que, inclusive, en el art. 4 inc. b) dispone que, salvo disposición expresa en contrario, la Convención no se aplica, "a los efectos que el contrato pueda producir sobre la propiedad de las mercancías vendidas". Esta disposición, para no ser contradictoria con lo dispuesto en el art. 30, debe matizarse. Sí se aplicaría la Convención, y concretamente lo dispuesto en la Sección correspondiente a "derechos y acciones en caso de incumplimiento del contrato por el vendedor" (art. 45 y siguientes), en cuanto que éste dejara de cumplir su obligación de trasmitir la propiedad de la cosa; es decir, en ese caso, corresponderían al comprador las acciones de cumplimiento o de rescisión, y la indemnización de daños y perjuicios. El alcance de dicho artículo 4 de la Convención es que ella no resuelve, ni se interesa en resolver, quién sea el verdadero dueño y cuáles sean sus acciones, reivindicatorias, de separación en casos de quiebra, etc., que le correspondan.

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