La Convención de Viena
Sobre los Contratos de Compraventa Internacional
de Mercaderías y el Derecho Mexicano.Estudio Comparativo(*)

Por Jorge Barrera Graf



     4. OBLIGACIONES DEL COMPRADOR

     La única obligación que en forma expresa impone el C. Civ. al comprador es "pagar el precio de la cosa en el tiempo, lugar y forma convenidos" (art. 2293). La Convención, en cambio, agrega la obligación de "proceder a la recepción (de la cosa) en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente Convención" (art. 53).

     Primero. Esta obligación de recibir la cosa, que podría considerarse como una carga (onere) de la que depende la obligación correlativa de entrega por parte del vendedor, puede inferirse, como pasa en relación con la obligación de conformidad de la cosa objeto del contrato, de algunas disposiciones del C. Civ. y del C. Co., como la contraprestación del derecho del vendedor de entregar la cosa y de recibir el pago del precio; pero también, como en el caso de la conformidad, las disposiciones relativas a la recepción no son claras y completas, ni siempre se refieren a la compraventa.

     El art. 2292 C. Civ., es el más amplio; si el comprador se constituye en mora de recibir (mora accipiendi), el vendedor puede depositar la cosa, a cargo de aquel.(12) Como es obvio, si incurre en mora por no recibir, es que tiene la obligación de recibir. En el C. Co., el art. 85 dispone que, "los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones mercantiles comenzarán: I. En los contratos que tuvieren señalado plazo para su cumplimiento por voluntad de las partes o por la ley, al día siguiente de su vencimiento... (13)

     La obligación del comprador de recibir la cosa también deriva en derecho mexicano del art. 2012, C. Civ., interpretado a contrario: si el acreedor -o sea, el comprador- de cosa cierta no puede ser obligado a recibir otra cosa distinta; sí lo puede, es decir, sí está obligado a recibir la cosa objeto del contrato.

     Ahora bien, tanto para las compraventas civiles como para las mercantiles, se dispone que el contratante que cumple, tendrá la acción de rescisión o de cumplimiento, más el pago de daños y perjuicios, en contra de quien incurra en incumplimiento (arts. 1949 C. Civ. y 376 C. Co.); en cualquier incumplimiento, según este último, y en cualquiera, menos el de la falta de pago del precio de bienes muebles, según una norma del C. Civ., sobre la que regresaré en seguida (art. 1951). (Cfr. Infra n. 5).

     La Convención, como después se verá con mayor amplitud, regula en forma especial la obligación de conservar las mercaderías (arts. 85 a 88), tanto en el caso de que el comprador se niegue o se demore en recibirlas, como cuando las reciba, pero tenga la intención de rechazarlas.

     Segundo. En relación con la obligación del pago del precio, la Convención regula en distintos preceptos el modo de hacerlo, su determinación, el lugar y el tiempo de realizarlo. Indiquemos brevemente cada supuesto y comparemos las reglas con las de nuestro derecho positivo.

     a) En cuanto al modo, el art. 54 de la Convención establece que esta obligación comprende la adopción de las medidas y el cumplimiento de las formalidades para que se pueda efectuar el pago, las cuales se requieran por el contrato o por las leyes o los reglamentos pertinentes.(15)

     En nuestro sistema, el art. 2078 C. Civ., si bien sólo parece referirse a la cuantía -pago total o en abonos-, sienta el principio: "el pago deberá hacerse del modo que se hubiere pactado"; y los arts. 380 C. Co., y 2255 C. Civ., igualmente indican que el precio debe pagarse en los términos convenidos (i.e., de la manera que se haya convenido); por otra parte, existen principios generales que se aplicarían con los mismos efectos de la Convención. Se trata de los arts. 78 y 372 C. Co., y 1796 y 1832 C. Civ., que establecen los principios tradicionales, de la autonomía de la voluntad de las partes para fijar el contenido de los contratos, salvo que existan disposiciones legales irrenunciables (art. 6o. C. Civ.); y de la libertad de formalidades, a no ser que la ley las exija.

     b) Por lo que se refiere a la determinación del precio, la Convención indica (art. 55), en una norma que fue muy debatida durante el proceso de su elaboración, que es muy discutible desde el punto de vista sustancial del contrato y cuya aplicación se presta a abusos, que si el contrato se ha celebrado válidamente sin fijar el precio, ni estipular expresa o tácitamente un medio para determinarlo, se considerará, salvo indicación en contrario, que las partes han hecho referencia implícita al precio que al momento de la celebración del contrato se cobraría habitualmente por mercaderías semejantes vendidas en circunstancias similares en la rama comercial de que se trate.(16)

     En nuestro derecho interno existe, como se acaba de indicar, el principio de que el precio debe ser el que se haya convenido entre las partes (arts. 380 C. Co. y 2078 y 2255 C. Civ.), y tratándose de ventas reguladas por la L.P.C., el "legalmente autorizado, o en su caso, el estipulado" (art. 30); pero nada se dice respecto a la hipótesis que prevé la Convención de que no se señale en el contrato.(17) Por lo demás, si no determinado, el precio debe ser determinable en cuanto a su especie (art. 1825 C. Civ.), so pena de incurrir en la inexistencia del contrato por falta de objeto (art. 2224), o cuando menos en su nulidad (arts. 2225 y s.); pero el problema que se plantearía es si el criterio para su determinación puede ser cualquiera de aquellos a que se refiere el art. 54 de la Convención. Dudo mucho que así lo fuera, aunque su determinación no dependiere del arbitrio de ninguno de los contratantes, lo que sí está prohibido (art. 2254 C. Civ.), ni constituyera una mera ambigüedad del contrato, porque en este caso, los usos y las costumbres se tendrían en cuenta para interpretarlo (art. 1856 C. Civ.).

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