La Convención de Viena
Sobre los Contratos de Compraventa Internacional
de Mercaderías y el Derecho Mexicano.Estudio Comparativo(*)

Por Jorge Barrera Graf



     En nuestro derecho no existe disposición semejante. Nada impide, sin embargo, a la parte que sufre el incumplimiento, el otorgar eso plazo suplementario, pero la falta de regulación de este supuesto puede plantear numerosos problemas en cuanto a plazos de garantía a cargo del vendedor, prescripción o caducidad del derecho de acción, causación de daños y perjuicios, pérdida o subsistencia de las acciones rescisorias o de cumplimiento por imposibilidad y por onerosidad que sobrevengan en dicho periodo suplementario, momento de transmisión de los riesgos cuando la cosa se pone a disposición del comprador dentro de tal periodo, etc.

     Cuarta. En cambio, la regla de la Convención de que un Juez o un árbitro no pueda conceder a la parte que no cumple, plazos de gracia (arts. 45 pfo. 3 y 61 pfo. 3), sí está recogida en nuestro C. Co., aunque sólo para los contratos mercantiles (art. 84).

     Quinta. Las acciones basadas en el incumplimiento no proceden, según la Convención (art. 71), cuando "resulte manifiesto que la otra parte no cumplirá con una parte sustancial de las obligaciones a su cargo, debido a que con posterioridad a la celebración del contrato hay "un grave menoscabo de su capacidad para cumplirlos, o de su solvencia"; o bien, que exista un comportamiento de esta otra parte del que se infiera que no ejecutará el contrato. En estos casos, el art. 71 concede a cualquiera de las partes el derecho de diferir el cumplimiento (pfo. 1), o de oponerse el vendedor a que las mercancías se pongan a disposición del comprador, aun si ya se le hubieren expedido (pfo. 2) (stoppage in transitu), pero siempre que esa otra parte no otorgue garantías suficientes del cumplimiento (pfo. 3).

     Tampoco da lugar la Convención a la acción de daños y perjuicios por incumplimiento, cuando éste se deba a una imposibilidad de cumplir que razonablemente no se hubiera podido prever, evitar o subsanar al celebrarse el contrato; en el concepto de que al desaparecer el impedimento desaparecería también esta causa de exoneración (art. 79).

     El derecho mexicano solamente exime al vendedor de la obligación de entregar en el caso de insolvencia del comprador (art. 2287); y éste, a su vez, sólo está exento de la obligación de pagar el precio cuando "fuere perturbado en su posesión o derecho, o tuviere justo temor de serlo" (art. 2299); en ambos casos, la fianza que otorgue el accipiens hace exigible el cumplimiento. Si se trata de contratos pendientes de ejecución, y una de las partes cae en quiebra, o se le declara en suspensión de pagos, la otra parte "podrá suspender la ejecución hasta que el síndico cumpla o garantice el cumplimiento de la obligación" (art. 139 párrafo 3o. L.Q.).

     Es de notarse que mientras la Convención usa el criterio de lo razonable para juzgar tanto las causas del diferimiento (art. 71 pfo. 1), como las de exoneración de responsabilidad (art. 79 pfo. 1), el C. Civ., que no cubre este caso de exoneración, sino sólo el de diferimiento, recurre al criterio de justicia (que el comprador tuviere justo temor de ser perturbado en la posesión o derecho sobre la cosa). En ambos casos -lo razonable y lo justo-no se trata de conceptos meramente subjetivos, sino que deben basarse en parámetros o estándares reales y objetivos. Por otra parte, la Convención es sencilla y muy amplia, porque aplica a las dos partes los mismos motivos para el diferimiento y la exoneración, y porque ellos no se limitan a la insolvencia del comprador en un caso y a la perturbación por el vendedor de la posesión del comprador, en el otro, sino que también comprenden el mero deterioro de la capacidad de cumplir, es decir, la imposibilidad real de la parte para cumplir el contrato (art. 71).

     En lo que concierne al derecho del vendedor de no entregar al comprador los bienes que estén en curso de ruta (stoppage in transitu), adquiridos por éste y aún no pagados, nuestro sistema lo reconoce, pero sólo en caso de quiebra y de suspensión de pagos del comprador (art. 146 frs. I y II y 413 LQ); y tratándose, no ya de la compraventa sino del contrato de transporte, sin las restricciones que establece el pfo. 1 del art. 71 de la Convención (insolvencia, menoscabo de la capacidad de ejecutar, comportamiento del que se infiera la no ejecución), se otorga al cargador tal derecho, pero siempre que se le devuelva la carta de porte (art. 58g fr. I C. Co.), que permite disponer de la mercancía. La Convención, en cambio (como nuestra LQ), concede al vendedor el derecho de oponerse a la entrega de la cosa al comprador, incluso si éste es tenedor de un documento que le permita obtenerla; y a efecto de evitar daños a terceros de buena fe, a quienes se les trasmitiera el derecho a la entrega por medio de la tradición o del endoso del documento, la norma Convencional del mismo art. 71 pfo. 2, agrega que "este párrafo sólo concierne a los derechos respectivos del comprador y del vendedor sobre las mercaderías; o sea, que no se aplica a derechos que pudieran tener los terceros.

|Regresar a Artículos | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3a | Parte 3b | Parte 3c | Parte 3d |Parte 4a | Parte 4b | Parte 5a | Parte 5b |Parte 5c|Parte 6| Parte 7 | Parte 8a | Parte 8b