La Convención de Viena
Sobre los Contratos de Compraventa Internacional
de Mercaderías y el Derecho Mexicano.Estudio Comparativo(*)

Por Jorge Barrera Graf



     6. EFECTOS DE LA RESCISION Y DEL CUMPLIMIENTO FORZADO

     Según el art. 81 pfo. 2 de la Convención en los contratos total o parcialmente cumplidos, la parte que cumple "podrá reclamar de la otra parte la restitución de lo que haya suministrado o pagado", y "si las dos partes están obligadas a la restitución, ésta deberá realizarse simultáneamente". El vendedor obligado a restituir el precio, deberá, además, pagar intereses desde la fecha del pago del precio (art. 84 pfo. 1),(24) pero el comprador deberá acreditarle el monto de los beneficios que haya obtenido por el uso o disposición de las mercancías (pfo. 2). (25)

     Por virtud de la acción de cumplimiento que se ejercite en contra del vendedor (art. 46 pfo. 1), cuando éste no entregue la cosa objeto del contrato, puede el comprador exigir el cumplimiento específico (in natura), pero ello siempre que la ley del tribunal que actúe permita la ejecución en especie.

     La obligación de restitución en el derecho patrio la establece el art. 2107 C. Civ., cuando indica que la responsabilidad por incumplimiento, "además de importar la devolución de la cosa o su precio, o la de entrambos (en el caso que establece la Convención de que las dos partes estén obligadas a restituir), importará la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios".

     En cuanto al monto de los daños y perjuicios, dispone la Convención que comprenderá el valor de la pérdida sufrida y el de la ganancia que se deje de obtener (que es el concepto de perjuicio entre nosotros, art. 2109 C. Civ.) por la otra parte como consecuencia del incumplimiento; pero, en forma muy importante establece que los daños y perjuicios no podrán exceder de la pérdida que la parte que incumpla, en el momento de la celebración del contrato, hubiera o debiera haber previsto que causaría su incumplimiento "tomando en consideración los hechos de que tuvo o debió tener conocimiento en dicho momento" (art. 74); o sea, que la indemnización cubre los daños realmente sufridos, siempre que no excedan de los previstos o previsibles por el reo, no por la víctima. Esta fórmula, que como otras de la Convención resultan difíciles de entender e inclusive de interpretar (lo mismo sucede con la del art. 84 a que acabamos de aludir), es insuficiente, porque no resuelve el problema de la causación, o cuando menos de la cuantificación de los daños y perjuicios, cuando la parte que no cumple no haya previsto ni pueda haber previsto el monto de la pérdida que sufriría su contraparte; y es de temerse que esta sea la situación normal en contratos internacionales en que cada una de las partes desconoce las características del mercado extranjero de la otra parte, y los costos y los gastos en que ésta incurriría en ese supuesto de incumplimiento.

     Respecto a este problema de la cuantía de los daños y perjuicios, el C. Civ. del D. F. dispone, para el caso de pérdidas y graves deterioros, que el dueño debe ser indemnizado "de todo el valor legítimo de la cosa" (art. 2112); que no es decir mucho, como tampoco lo que indica el art. 2113: "si el deterioro es menos grave, sólo el importe de éste se abonará al dueño al restituirse la cosa"; pero, el art. 2114 sí da una regla, de carácter objetivo, que está sujeta a la prueba que rinda quien sufrió el daño así como quien lo ocasionó: "el precio de la cosa será el que tendría al tiempo de ser devuelta al dueño"; y en cuanto al pago del precio, la regla es perfectamente clara, aunque completamente injusta en contra de la víctima: "los daños y perjuicios que resulten de la falta de cumplimiento no podrán exceder del interés legal, salvo convenio en contrario" (art. 2117 pfo. 2o.); y como ya se dijo, la ley civil establece un interés que en la actualidad resulta muy reducido del 9% anual (art. 2394 C. Civ.), si se trata de obligaciones civiles, y del 6% anual (art. 362 C. Co.), si son mercantiles.

     Los artículos 75 y 76 de la Convención establecen otras dos reglas que no conoce nuestro derecho y a cuya solución sólo podríamos llegar a base del concepto legal de los daños (art. 2108) y de los perjuicios (art. 2109), pero siempre que unos y otros "sean consecuencia inmediata y directa del incumplimiento (como por hipótesis lo serían en el caso de los arts. 75 y 76 que citamos). Dichas reglas son las siguientes: primera, si después de la resolución del contrato, el comprador adquiere una mercancía sustitutiva; o de remplazo, o el vendedor revende la que se le restituyó; la parte que reclame los daños y perjuicios, además de la limitación prevista en el art. 74 antes referido, podrá obtener la diferencia entre el precio fijado en el contrato y el estipulado en la operación sustitutiva, o de remplazo; segunda, si al resolverse el contrato existe un precio corriente de la mercancía, la parte que reclame daños y perjuicios, si no ha hecho aquella operación sustitutiva, podrá exigir la diferencia entre el precio contractual y el precio corriente en el momento de la resolución.

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