COMENTARIOS A LA LEY 518 DEL 4 DE AGOSTO DE 1999, APROBATORIA DE LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERIAS

María Clara Cabrera Orjuela
Diego Ricardo Galán Barrera


IV. LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, HECHA EN VIENA EL 11 DE ABRIL DE 1980

A. Antecedentes

     El punto de partida de la Convención debe buscarse en la gestión del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT),[11] a comienzos de la década de los treinta, cuando congregó un selecto grupo de estudiosos europeos para elaborar un proyecto de Derecho uniforme sobre la compraventa internacional de mercaderías.[12] La labor adelantada, suspendida a raíz de la Segunda Guerra Mundial, vino a dar sus primeros frutos promediando la década de los cincuenta, cuando comenzaron a divulgarse los proyectos de Derecho uniforme en materia de formación de contratos y de compraventa internacional de mercaderías.

     Sin embargo, es en el año de 1964, producto de la Conferencia Diplomática de veintiocho Estados [13] celebrada en La Haya, cuando se cristalizan los proyectos iniciados 30 años atrás, al expedirse las Convenciones relativas a una ley uniforme sobre la formación de contratos para la venta internacional de mercaderías y a una ley uniforme sobre la venta internacional de mercaderías. Las convenciones entraron en vigor en el año de 1972, cuando fueron ratificadas por cinco de los Estados suscriptores.[14]

     Un par de años después de las convenciones de La Haya, el 17 de diciembre de 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas fundó la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), más conocida por sus siglas en inglés (UNCITRAL [15]), la cual fue, y sigue siendo, el patrocinador mundial [16] de la Convención.

     En efecto, luego de haber sopesado la fallida posibilidad de que los gobiernos adoptasen las convenciones de 1964, UNCITRAL decidió conformar un grupo de trabajo que preparáse un nuevo texto legal. Así, durante nueve años y bajo la dirección del profesor mexicano Jorge Barrera Graf, el grupo de trabajo presentó sendos proyectos de convenciones sobre compraventas y sobre formación de los contratos de compraventa, con base en las convenciones de La Haya, por supuesto. En junio de 1978, UNCITRAL completó la revisión de los dos proyectos y los fundió en el proyecto de Convención sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías, el cual recibió la aprobación unánime por parte de la Comisión.[17]

     La Asamblea General de las Naciones Unidas, convocó, entonces, una conferencia diplomática para estudiar el proyecto de Convención de UNCITRAL. Durante cinco semanas, en la ciudad de Viena, más de sesenta naciones [18] e importantes organizaciones internacionales [19] participaron en el examen del proyecto, el cual, finalmente, luego de aprobación unánime,[20] se convirtió, el 11 de abril de 1980, en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías.

     La Convención fue redactada en seis lenguas oficiales [21] y la han aprobado, ratificado o adherido algo más de cincuenta Estados.[22]


B. Estructura

     La Convención consta de un preámbulo y 4 partes, algunas subdivididas en capítulos, los cuales a su vez se encuentran en algunos casos subdivididos en secciones, agrupando en su conjunto un total de 101 artículos bajo la siguiente estructura:

Preámbulo
PARTE I. Ambito de aplicación y disposiciones generales.
     Capítulo I. Ambito de aplicación.
     Artículos 1 a 6
     Capítulo II. Disposiciones generales.
     Artículos 7 a 13
PARTE II. Formación del contrato.
     Artículos 14 a 24
PARTE III. Compraventa de mercaderías.
     Capítulo I. Disposiciones generales.
     Artículos 25 a 29.
     Capítulo II. Obligaciones del vendedor.
     Artículos 30 a 52.
     Sección I. Entrega de las mercaderías y de los documentos.
     Artículos 31 a 34.
     Sección II. Conformidad de las mercaderías y pretensiones de terceros.
     Artículos 35 a 44.
     Sección III. Derechos y acciones en caso de incumplimiento del contrato por el vendedor.
     Artículos 45 a 52.
     Capítulo III. Obligaciones del comprador.
     Artículos 53 a 70.
     Sección I. Pago del precio.
     Artículos 54 a 59.
     Sección II. Recepción.
     Artículo 60.
     Sección III. Derechos y acciones en caso de incumplimiento del contrato por el comprador.
     Artículos 61 a 65.
     Capítulo IV. Transmisión del riesgo.
     Artículos 66 a 70.
     Capítulo V. Disposiciones comunes a las obligaciones del vendedor y del comprador.
     Artículos 71 a 88.
     Sección I. Incumplimiento previsible y contratos con entregas sucesivas.
     Artículos 71 a 73.
     Sección II. Indemnización por daños y perjuicios.
     Artículos 74 a 77.
     Sección III. Intereses.
     Artículo 78.
     Sección IV. Exoneración.
     Artículos 79 y 80.
     Sección V. Efectos de la resolución.
     Artículos 81 a 84.
     Sección VI. Conservación de las mercaderías.
     Artículos 85 a 88.
PARTE IV. Disposiciones finales.
     Artículos 89 a 101.

C. Aspectos de particular relevancia
1. Ambito de aplicación y disposiciones generales.

a. Ambito material de aplicación de la Convención.

     Los contratos de compraventa de mercaderías constituyen el "...ámbito objetivo o material de aplicación..." [23] de la Convención, aunque en ella no se definen los términos compraventa [24] ni mercaderías.[25]

     Tal indeterminación permitiría asimilar a compraventa las "…modalidades de contratos internacionales en que se cambia cosas por dinero…",[26] al igual que "…ciertos contratos mixtos, como, por ejemplo, los contratos de arrendamiento y compra (Mietkaufverträge) o de leasing con opción de compra…".[27] Puede apreciarse la amplitud que puede revestir el ámbito material de aplicación de la Convención y el influjo que puede llegar a generar la interpretación por medio de la cual se llegare a equiparar a compraventa toda una gama de negocios jurídicos de índole internacional que, en principio, pudieran no parecerlo.

     La Convención prevé, asimismo, que los contratos de suministro de mercaderías que hayan de ser manufacturadas o producidas se considerarán como contratos de compraventa.[28] Cabrían aquí, con las salvedades que ulteriormente se expondrán, los contratos usualmente denominados como "contratos llave en mano" ("ventes clé en main" o "turn-key contracts"), en los que el vendedor interviene en la prestación de servicios adicionales, ya sea participando en el montaje de equipos para el sector industrial o ya proveyendo asesoría de personal técnicamente calificado en el uso de la cosa objeto de la compraventa.[29]

b. Internacionalidad de las compraventas.

     La Convención, en cuanto tratado internacional, delimita su aplicabilidad a los contratos de compraventa siempre que estén vinculados a transacciones de carácter internacional, toda vez que las transacciones internas [30] se encuentran excluidas de su regulación.

     Para ello, la Convención decidió adoptar un criterio objetivo al señalar que el carácter internacional [31] de la transacción lo determina, con exclusividad, el hecho de que los establecimientos de las partes, comprador y vendedor, se encuentren localizados en diferentes Estados,[32] sin que la nacionalidad [33] de éstas o la del mismo contrato valga como criterio calificador de tal característica.

     Es irrelevante, para los efectos de aplicación de la Convención, que el carácter del contrato, o el carácter de las propias partes, sea civil o comercial.[34]

c. Noción de establecimiento.

     A pesar de que la Convención tampoco define el concepto de establecimiento,[35] es dable afirmar, de acuerdo con criterio unánime de la doctrina, que por él se entiende el lugar permanente y habitual donde el contratante desarrolla su actividad negocial,[36] no pudiendo, entonces, alcanzar tal calificación la simple idea de una residencia temporal de un contratante durante el tiempo en el cual se verifique la negociación.

     Surge, además, la inquietud, ante la presencia de varios establecimientos, de saber cuál de ellos es aquél en donde el contratante desarrolla su actividad. La Convención resuelve esta situación hipotética de establecimientos múltiples reglando que: "...A los efectos de la presente Convención… si una de las partes tiene más de un establecimiento, su establecimiento será el que guarde la relación más estrecha con el contrato y su cumplimiento, habida cuenta de las circunstancias conocidas o previstas por las partes en cualquier momento antes de la celebración del contrato o en el momento de su celebración;...".[37]

     Los establecimientos de las partes, en todo caso, como ya se expresó, deben estar localizados en Estados distintos, circunstancia de la cual aquéllas deben ser conscientes, ya sea porque ello se derive del contrato, o de los tratos habidos entre ellas, o de cualquier tipo de información que se hayan revelado en cualquier instante previo a la celebración del contrato o incluso en el mismo momento de su celebración.[38]

     Finalmente, huelga anotar que para que se aplique la Convención, los Estados en donde se encuentren ubicados los establecimientos de las partes deben ser Estados Contratantes [39] de la Convención o que encontrándose dichos establecimientos en Estados no contratantes, las normas de Derecho Internacional Privado prevean que se aplique la ley de un Estado Contratante.[40]

d. Reservas de aplicación.

     El artículo 92 de la Convención prevé que un Estado Contratante pueda reservarse la aplicación de la Convención en su parte II (Formación del Contrato) o en su parte III (Compraventa de Mercaderías), al momento de firmarla, ratificarla, aceptarla, aprobarla o de adherirse a ella. En tal virtud, no se le considerará como Estado Contratante, "…a los efectos del párrafo 1 del artículo 1º de la presente Convención respecto de las materias…" [41] sobre las cuales hizo la correspondiente salvedad.

     En el mismo sentido, el artículo 93 de la Convención, dirigido a los Estados Contratantes que participan de las características de los denominados Estados plurilegislativos, es decir aquéllos integrados por "…dos o más unidades territoriales en las que, con arreglo a su constitución, sean aplicables distintos sistemas jurídicos en relación con las materias objeto de la presente Convención…",[42] contempla la facultad para ellos de declarar, al momento de la firma, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión de la Convención, la salvedad de aplicación de la misma a una o varias de sus unidades territoriales. En consecuencia, si el establecimiento de una de las partes se encuentra localizado en una unidad territorial respecto de la cual se ha hecho la salvedad, "…se considerará que, a los efectos de la presente Convención, ese establecimiento, no está en un Estado Contratante…".[43] Dentro del mismo contexto, el artículo 94 de la Convención permite, en cualquier momento, a los Estados Contratantes que participen de una codificación regional.[44] que regule "…las materias que se rigen por la presente Convención…",[45] declarar que ella "…no se aplicará a los contratos de compraventa ni a su formación cuando las partes tengan sus establecimientos en esos Estados…".[46]

     Ahora bien, en relación con el contenido de la letra b) del numeral 1º del artículo 1 de la Convención, en cuanto que ésta se aplicará "…cuando las normas de derecho internacional privado prevean la aplicación de la ley de un Estado Contratante…", resulta preciso señalar que el artículo 95 [47] de la misma Convención le permite al Estado Contratante que todavía no se ha obligado definitivamente, formular o declarar su reserva al respecto.

     Es decir, que hasta el momento del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión ante el Secretario General de las Naciones Unidas, el Estado Contratante podrá declarar que no quedará obligado por la disposición referida.

     Se ha comentado, por algún sector de la doctrina internacional,[48] que la reserva del artículo 95 "…introduce…un factor de complejidad en la aplicación de la Convención, cuando precisamente sus autores quisieron acometer una tarea simplificadora…",[49] lo cual desdibuja, en alguna medida, su preclara intención facilitadora.

e. Carácter dispositivo.

     No obstante su propósito uniformizador, la Convención tiene un definido carácter dispositivo, es decir, que la reglamentación jurídica [50] que ella contiene puede dejar de aplicarse en razón de varios factores:
1) Influjo de la autonomía de la voluntad sobre el régimen convencional.

     Aunque resulte paradójico, la misma Convención contempla la posibilidad de su no aplicación, al permitir que los contratantes puedan libremente y con la mayor amplitud expresar su voluntad y decidir que ella no regule, total o parcialmente, sus relaciones derivadas de un determinado contrato de compraventa.

     En efecto, el artículo 6 de la Convención prevé que las partes pueden excluir la aplicación total o parcial de la misma, establecer excepciones a cualquiera de sus disposiciones o modificar sus efectos, sin perjuicio de lo normado por el artículo 12 referente a la prueba por escrito de los actos en ella regulados.
2) Función normativa reconocida a los usos.

Los dos numerales del artículo 9 de la Convención, reconocen la importancia e incidencia de los usos en las relaciones negociales entre vendedor y comprador, asignándoles una función singular, toda vez que torna en obligatoria su observancia, prevaleciendo [51] sobre las disposiciones de la Convención, ya sea porque se hayan pactado de manera expresa [52] o porque tácitamente [53] debían aplicarse, habida consideración de su presunto conocimiento y de la extensión, uniformidad, regularidad y amplitud de su utilización y empleo, tal como acontece con la denominada "lex mercatoria".[54]

     El numeral 1) del artículo 9 también considera obligatoria entre las partes cualquier práctica [55] establecida entre ellas.



f. Materias a las que no se aplica la Convención.
1) Compraventas a consumidores.

     Cuando el comprador compra una mercadería para su uso personal, familiar o doméstico,[56] se considera que es un consumidor sujeto de protección de los regímenes especiales sobre el particular y, por lo tanto, al contrato celebrado no se le aplica la Convención.

     En efecto, las leyes de protección a los consumidores tienen un grado de imperatividad tan significativo, toda vez que las rige el concepto de orden público, que para la Convención no tenía sentido incluir disposiciones que riñeran o entraran en conflicto con el cometido proteccionista de aquéllas. Así pues, en la UNCITRAL se decidió excluir tales compraventas del texto de la Convención.

     Cabe destacar una peculiaridad de la Convención respecto del régimen jurídico aplicable a los contratos de compraventa, por cuanto al mencionar expresamente que no se tiene en cuenta el carácter civil o mercantil de las partes o del contrato,[57] de alguna manera distintiva su texto sí tiene un marcado tono mercantilista, lo cual constituye una seña característica de ella frente a los ordenamientos de los países de tradición neorromanista.[58]

     Si bien es cierto que para la época en que se diseñó la Convención las compraventas internacionales de carácter personal, familiar o doméstico no tenían el auge que hoy llegan a tener (ad. ex. ventas a través de la red mundial), debe destacarse el hecho de que ella puede ser aplicable a tales compraventas, en la medida en que el vendedor pueda demostrar que al momento de la celebración del contrato o antes, no sabía o no tenía forma de saber que las mercaderías se compraban para tal uso.[59]

     Surge un probema probatorio en el que la carga de la prueba es doble: de una parte, para el comprador, por cuanto debe acreditar que compró la mercadería para su uso personal, familiar o doméstico y, de otra parte, para el vendedor, ya que debe demostrar que no conocía ni pudo conocer el propósito del comprador antes o al celebrar el contrato.

     2) Compraventas por razón del procedimiento por el cual se llevan a cabo.

     La Convención excluye las compraventas en subastas [60] y las judiciales,[61] fundamentalmente porque son actos en los que la formación del contrato, la negociación misma, presenta connotaciones particulares. En las primeras "…El vendedor no sabrá quien es el comprador…hasta después de que la venta haya sido adjudicada al mejor postor…".[63] En las segundas, hay una manifiesta "…incapacidad de las partes para negociar los términos del contrato…" [63] como consecuencia de la regulación especial a que están sometidas.

     3) Compraventas por razón de la naturaleza del objeto del contrato.

     La letra d) del artículo 2 de la Convención, expresamente excluye de su aplicación las compraventas "…de valores mobiliarios, títulos o efectos de comercio y dinero…", vale decir, instrumentos que exigen el pago de dinero o que incorporan derechos de contenido crediticio. Las versiones inglesa y francesa de la Convención reflejan la complejidad del proceso de uniformidad, puesto que en la primera, la expresión "goods" "…se refiere a a aquellos bienes que son corporales y muebles…",[64] mientras que en la segunda se utiliza el término "marchandises" englobando el concepto de "objets mobiliers corporels" que se empleaba en la misma versión de la Ley Uniforme sobre Compraventa Internacional de 1964.[65]

     4) Compraventas de determinados bienes.

     Explícitamente, la Convención indica en las letras e) y f) del artículo 2 algunos bienes cuyas compraventas no se les aplica la misma.

     Así, las compraventas de buques, embarcaciones, aerodeslizadores y aeronaves,[66] sin importar su tonelaje, calado o tamaño, están absolutamente excluidas de la Convención, atendiendo al criterio de que en muchas legislaciones nacionales tales actos jurídicos están regulados por leyes especiales, ya porque se equiparen a inmuebles, ya porque al considerarse muebles se exija un registro especial, etc. De igual forma, la Convención no se aplica a la compraventa de electricidad,[67] debido a la dificultad que encuentran algunas legislaciones para identificarla como una cosa corporal o incorporal. No obstante, las compraventas de gas no están excluidas, a pesar de que hubo una propuesta para que lo fueran.[68]

     5) Los contratos de suministro de mercaderías que han de ser manufacturadas o producidas, en los que la parte que las encarga asume la obligación de proporcionar una parte sustancial de los materiales necesarios para esa manufactura o producción.

     6) Los contratos en los que la parte principal de las obligaciones de la parte que proporciona las mercaderías consiste en suministrar mano de obra o prestar otros servicios.

     7) La responsabilidad del vendedor por la muerte o lesiones corporales causadas a una persona por las mercaderías vendidas.

     8) La validez del contrato ni la de ninguna de sus estipulaciones ni la de cualquier uso ni los efectos que el contrato pueda producir sobre la propiedad de las mercaderías, salvo disposición expresa en contrario de la Convención.


g. Principios de interpretación de sus normas.

     El capítulo II de la primera parte de la Convención contempla algunas disposiciones generales, entre las cuales se resaltan los principios de interpretación de sus normas, obedeciendo a un puntual deseo de los redactores de garantizar que la Convención se interpretara de acuerdo con pautas precisas y objetivos específicos. En tal virtud, tal como lo señala la correspondiente norma de la Convención, para su interpretación "…se tendrán en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional…",[69] con lo cual dentro de una sana gestión de hermenéutica jurídica [70] se procura una "…interpretación autónoma de los términos empleados por las normas de la Convención de Viena y no una interpretación subordinada al significado que tales términos tengan en los ordenamientos internos de los Estados contratantes…".[71]

     No obstante lo normado, y a pesar de criterios contrapuestos,[72] parece posible acudir a las reglas de interpretación contenidas en el Convenio de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados, especialmente sus artículos 31 (regla general de interpretación), 32 (regla especial remisoria a los trabajos preparatorios) y 33 (regla especial sobre tratados plurilingues).

     El numeral 2) del artículo 7 de la Convención trae una disposición muy necesaria [73] en cuanto hace al cubrimiento e integración de las lagunas de su texto, manifestando que tales cuestiones "…se dirimirán de conformidad con los principios generales…" en los que ella se fundamenta, los cuales han sido desentrañados por la doctrina internacional y por la abundante jurisprudencia de los Estados Contratantes, así como por los numerosos laudos arbitrales internacionales.

     El artículo 8 de la Convención trae una serie de disposiciones relativas a las declaraciones y otros actos de las partes, en cuanto que deben interpretarse, prima facie, de conformidad con su intención [74] o, de no ser posible, "…conforme al sentido que les habría dado una persona razonable de la misma condición que la otra parte…".[75]

     La disposición del numeral 3) del artículo 8 de la Convención ha generado no pocas controversias de aplicación en el Common Law, toda vez que no ha tenido buen recibo el hecho de que para la determinación de la intención de una parte en un específico acto deba recurrirse a su comportamiento ulterior,[76] que junto a las "…circunstancias pertinentes del caso, en particular las negociaciones, cualesquiera prácticas que las partes hubieran establecido entre ellas…y…los usos…" [77] constituyen los medios expresamente previstos por la norma para llevar a cabo tal labor interpretativa.


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