COMENTARIOS A LA LEY 518 DEL 4 DE AGOSTO DE 1999, APROBATORIA DE LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERIAS

María Clara Cabrera Orjuela
Diego Ricardo Galán Barrera


IV. LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, HECHA EN VIENA EL 11 DE ABRIL DE 1980

2. Formación del contrato. [78] La Convención aborda este tema en la Parte II artículos 14 a 24, regulando lo concerniente a la oferta, la aceptación y al perfeccionamiento del contrato.

a. La oferta.
     Esta figura jurídica se encuentra definida en el numeral 1) del artículo 14 de la Convención cuando señala que "...La propuesta de celebrar un contrato dirigida a una o varias personas determinadas constituirá oferta si es suficientemente precisa e indica la intención del oferente de quedar obligado en caso de aceptación. Una propuesta es suficientemente precisa si indica las mercaderías y, expresa o tácitamente, señala el precio o prevé un medio para determinarlos..."

En virtud de lo dispuesto por este artículo podemos establecer que los elementos de la oferta son los siguientes:
1) La determinación del sujeto o sujetos a los cuales se dirige. La Convención entiende que todas aquellas propuestas que se realizan por medio de prospectos y catálogos [79] no tienen carácter de oferta ya que no se encuentra dirigida a personas determinadas.
2) La precisión de la oferta. Para que se cumpla con este requisito es necesario que exista la más completa claridad en relación con las mercaderías, especificando la cantidad y el precio de las mismas de manera expresa o tácita, o determinando un medio para fijarlos. Es posible establecer la identificación de las mercaderías según el objeto del contrato.
3) La intención del oferente de quedar vinculado si existe aceptación. Los elementos anteriores sirven para fijar una clara posición en relación con el oferente y el destinatario de la oferta; es así como al existir determinación de las personas a las cuales se dirige y siendo precisa la mercancía y el precio, cualquier manifestación del destinatario de la oferta genera obligatoriedad para el oferente.

     Este elemento se encuentra vinculado con el tema de la obligatoriedad de la oferta frente al cual se presentaron serias diferencias al momento de redactar la Convención en virtud de las posturas dispares entre el Common Law y el sistema continental romanista.[80] El problema principal de la obligatoriedad de la oferta se presentaba en los casos de la aceptación tardía o la pérdida de dicha aceptación manifestada por la otra parte.

Sobre este punto surgieron varias teorías:

  • Teoría del Common Law:
    En el Common Law existe la teoría de la expedición (the mailbox rule,[81]) la cual pretende limitar el poder de revocación del oferente, aunque esta concepción no ha sido aceptada en el Derecho americano. El Derecho escandinavo (löfte theorie) establece que el oferente queda vinculado por el solo hecho de realizar la oferta y que si esta es aceptada, tendrá efectos retroactivos. Según la teoría anglosajona, el contrato queda perfeccionado a partir del momento en que la parte destinataria de la oferta envía su aceptación, por lo tanto, el riesgo de la pérdida o el retraso de la comunicación lo soporta el oferente en la medida en que la aceptación haya sido remitida por un medio aceptado por el oferente.[82]
  • Teoría del derecho romanista:
    En el Derecho continental romanista prima la teoría de la recepción, de esta manera, no solo se exige que el aceptante haya enviado su aceptación sino que también tiene que haber sido recibida por el oferente.


     La Convención adoptó esta última posición a pesar de que las dos teorías presentadas produjeron serios desacuerdos al interior de la UNCITRAL en cuanto que ambas posturas se aplicarían durante el lapso de la negociación dentro de la cual una de las partes maneja una información que la otra parte ignora, sometiéndose ambos posibles contratantes a irregularidades que escapan de su control.

     A pesar de todo, el concepto romanista sobre la recepción de la oferta disminuye los riesgos en la transacción vinculando al oferente y al destinatario de la oferta por igual.

     De esta forma, se aprecia como se refleja la teoría romanista en los artículos 15 y 18 numeral 2° y 23 de la Convención:

Artículo 15 : "…1. La oferta surtirá efecto cuando llegue al destinatario... 2. La oferta, aún cuando sea irrevocable, podrá ser retirada si su retiro llega al destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta…" (Negrillas fuera de texto). Artículo 18: "…2) La aceptación de la oferta surtirá efecto en el momento en que la indicación de asentimiento llegue al oferente…"

Artículo 23: "El contrato se perfeccionará en el momento de surtir efecto la aceptación de la oferta conforme a lo dispuesto en la presente Convención." (Negrillas fuera de texto)


b. Revocabilidad de la oferta:

Según el artículo 23 la oferta puede ser revocada con anterioridad al momento en que se perfeccione el contrato, es decir, al momento en que la indicación de la aceptación llega al oferente.

La aceptación y la revocatoria pueden enviarse por medios sujetos a retrasos por lo tanto, puede ocurrir que el oferente no tenga claridad de si su revocatoria llegó antes de que el destinatario enviara la aceptación o ejecutara un acto en torno al contrato, caso en el cual este se entendería perfeccionado según lo establecido en el artículo 18 inciso 3°. Esta observación ha sido controvertida por la UNCITRAL que considera que el principio de la buena fe protege al oferente.

La Convención consagra una serie de excepciones en relación con la irrevocabilidad de la oferta:
  • La oferta será irrevocable si tiene un plazo fijo para su aceptación, según la estructura jurídica del sistema continental romanista. (artículo 16 numeral 2) letra a).[83]
  • Existe irrevocabilidad en el evento en que el destinatario de la oferta considere que esta es irrevocable y que ha actuado basándose en ella. Esta posición se basa en el sistema del Common Law (artículo 16 numeral 2) letra b).[84]


El tratamiento de la revocabilidad en Latinoamérica es diferente ya que como podemos observar en el caso de Argentina las ofertas podrán ser retractadas siempre y cuando no hayan sido aceptadas, perfeccionándose dicha aceptación en el momento en que esta se haya remitido al proponente y no desde que el oferente conoce de la aceptación. A su vez, la legislación argentina en el artículo 1156 del Código Civil determina que quien aceptó la oferta sin saber en el tiempo intermedio que la oferta fue revocada, tendrá derecho a indemnización de daños y perjuicios en el caso en que hubiera incurrido en gastos o se le hubieran generado pérdidas.

En Uruguay también se consagra la premisa del perfeccionamiento del contrato desde el momento en que la respuesta del aceptante se remite al oferente.

A su vez, el Código Civil peruano consagra que el contrato queda perfeccionado al momento en que la aceptación es conocida, entendiéndose este momento como aquel en el que llega al destinatario. Igual ocurre en el caso de Venezuela. Otras legislaciones hacen obligatorio el mantenimiento de la oferta durante un plazo determinado.


c. La aceptación

La manifestación de voluntad que perfecciona el contrato es la aceptación, la cual se encuentra consagrada en la Convención en el artículo 18. Dicha aceptación [85] requiere una serie de elementos según lo previsto por la Convención con el fin de que sea entendida como tal.

Dichos elementos son los siguientes:


1) Declaración o acto del destinatario
El contenido de la declaración o acto debe demostrar claramente el asentimiento de la oferta. La expresión de la voluntad debe indicar de manera precisa e inequívoca la aceptación para que se estructure el negocio jurídico, pero la Convención no exige expresamente que esta manifestación de voluntad se plasme por escrito aunque las prácticas y usos del comercio internacional lo recomiendan con el fin de evitar futuros litigios.

Esta concepción de la aceptación es insuficiente ya que se queda corta ante la realidad jurídica, en cuanto la misma aceptación se puede perfeccionar en determinados casos como una contrapropuesta, siendo esta una aceptación que modifica las condiciones establecidas en la oferta inicial.

Siendo así, la Convención establece en su artículo 19 numeral 1) el principio general por medio del cual se considera que "…las adiciones, limitaciones u otras modificaciones de las condiciones establecidas en la oferta importan el rechazo de la oferta o la proposición de un nuevo contrato…"[86]

Para esta regla general se establece la distinción entre la contraoferta y la oferta original, es decir que dicha figura debe tener una serie de modificaciones esenciales que varían por completo los términos de la oferta. Por lo tanto, solamente se tendrán en cuenta las modificaciones que varíen de manera profunda y esencial la naturaleza del contrato original, entendiéndose como aceptación, toda afirmación condicionada que se haga por el destinatario de la oferta. Sobre este punto se consagra una excepción relativa a no considerar aceptada la oferta aunque existan variaciones que no afectan la esencia de ésta al momento en que el "…oferente comunique inmediatamente al destinatario de la oferta que no acepta las modificaciones introducidas por este último…".[87]

A su vez, el artículo 19 numeral 3) de la Convención busca hacer precisión en torno al concepto de los elementos sustanciales del contrato, entendiendo éstos como el precio, el pago, la calidad y cantidad de las mercaderías, el lugar y la fecha de entrega, el grado de responsabilidad de las partes o la solución de controversias.

De esta forma, cualquier modificación sobre alguno de estos elementos se entenderá como una variación sustancial de las condiciones del contrato siendo por tanto una contraoferta. Para poder aplicar este principio es necesario contextualizar el caso con los usos y prácticas del comercio internacional ya que la modificación puede ser sustancial o insustancial en relación con el objeto del contrato.[88]

2) Cumplimiento del plazo para manifestar la aceptación.
Con el fin de determinar el momento en el cual se perfecciona la relación jurídica en virtud de la aceptación se aplica el principio de la recepción, para el cual es necesario que la manifestación de la aceptación llegue dentro de un período determinado en el evento en que dicho plazo se fije.

En el caso en que no exista un término específico es necesario que la aceptación llegue dentro de un plazo razonable entendiendo dicha razonabilidad inmersa en las circunstancias propias del negocio y teniendo en cuenta los medios de comunicación empleados para transmitir la oferta.

En el caso de la aceptación tardía, la Convención le otorga efectos jurídicos a esta figura cuando el proponente cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 21 los cuales serían:
  • Informar verbalmente al destinatario sin ningún tipo de retraso o envíar una comunicación al respecto.
  • Indicar en las comunicaciones por escrito la constancia por medio de la cual se puede establecer que de haber sido enviadas en circunstancias normales habrían llegado a tiempo al oferente.


La aceptación de oferta realizada tardiamente surte efectos a menos que el oferente, sin ningún tipo de retraso, informe verbalmente al destinatario que considera su caducada dicha oferta.

Dentro de este tipo de aceptación tardía debe tenerse en cuenta las causas que generaron dicho retraso, por lo tanto en el caso en que la aceptación llegue tarde al oferente porque esta fue remitida tardíamente se le da el derecho al oferente de entender que la aceptación ha llegado a tiempo, pero para que esta circunstancia tenga lugar, es necesario que el oferente le notifique al aceptante que su respuesta ha sido recibida y es considerada válida.


d. El perfeccionamiento del contrato.

Como se planteó anteriormente, la teoría de la recepción fue finalmente adoptada por la Convención para todos los efectos en caso de revocación,[89] caducidad [90] y aceptación expresa de la oferta.[91] De esta forma, el contrato se perfecciona según lo previsto por la teoría de la recepción, es decir, cuando el oferente efectivamente recibe la aceptación de la oferta.[92]

Solamente existe una excepción a esta teoría que es la relacionada con los actos ejecutorios del contrato. Esta excepción plantea que en virtud de los términos de la oferta o de las prácticas que las partes hayan establecido entre ellas, el destinatario de la oferta la ha aceptado al momento en que realiza actos ejecutorios del mismo.



3. Obligaciones de las partes.

a. Obligaciones del vendedor.
Las principales obligaciones del vendedor se encuentran consagradas en el Capítulo II de la Parte III de la Convención, en los artículos 30 a 44.

Según lo previsto en el artículo 30 de la Convención, la principales obligaciones del vendedor son entregar las mercancías, transmitir su propiedad y entregar los documentos.

     1) Obligación de entregar las mercancías.
Esta obligación hace referencia a poner a disposición del porteador o comprador el objeto del contrato. La entrega consiste en poner la mercancía a disposición de la persona autorizada para recibirla.

La Convención consagra el principio de la entrega [93] como un acto bilateral donde dicha obligación se cumple a cabalidad al poner la mercancía a disposición del comprador en las condiciones previstas en el contrato.

La Convención entiende por entrega "….una tradición manual que puede ser real o simbólica...".[95] Esta definición se encuentra consagrada en su artículo 31. Para que dicha entrega surta efectos es necesario que se realice dentro de ciertas circunstancias de lugar y tiempo, así:

a) Circunstancias de lugar:
El artículo 31 letra c) determina la regla general para las entregas: "…en los demás casos, en poner las mercaderías a disposición del comprador en el lugar donde el vendedor tenga su establecimiento en el momento de la celebración del contrato…".

La obligación de entrega se cumple según lo previsto en este artículo salvo que el contrato señale otro lugar para dicha entrega, acorde con el principio de la autonomía de la voluntad consagrado en el artículo 6 de la Convención.

Para los casos particulares de entrega, la Convención establece:
  • En el caso de mercancías que tienen que ser transportadas, estas deben entregarse al porteador.[95]
  • Para las mercancías indeterminadas, de un genero determinado o de una cosa futura, el lugar de entrega será aquél en donde dichas mercancías serán especificadas, manufacturadas o producidas.[96]


b) Circunstancias de tiempo:
La obligación de entrega de la mercancía se puede producir en los siguientes tiempos:
  • Fecha determinada establecida por las partes: el tiempo de entrega de la mercadería puede ser determinado por las partes a través de una fecha fija consagrada en el contrato.
  • Plazo expreso: las partes pueden fijar un plazo dentro del cual se hará efectiva la obligación de entrega, siendo así, cualquiera de las partes puede elegir la fecha exacta dentro de ese plazo determinado para realizar la entrega, a menos que del contrato se desprenda que le corresponde al comprador elegir dicha fecha.
  • Plazo tácito: De igual forma es posible cumplir con la obligación de la entrega dentro de un plazo razonable a partir de la celebración del contrato, cuando la fecha de entrega no hubiese sido establecida por las partes de manera expresa a través de una fecha fija o de un plazo determinado.[97]


La consagración del concepto de plazo razonable, concepto de carácter subjetivo, le otorga a las partes una herramienta flexible para el cumplimiento de sus obligaciones haciendo posible que se produzcan plazos de entrega breves y rigurosos en relación con ciertas mercaderías como lo serían los productos perecederos o las materias primas, y estableciendo plazos mucho más amplios para los productos manufacturados.[98]

     2) Obligaciones adicionales.
El artículo 32 de la Convención consagra unas obligaciones adicionales en la entrega, las cuales son:
a) Especificación de mercaderías por parte del vendedor.
b) Envío de aviso de expedición al comprador.
c) Realización de los contratos de transporte necesarios cuando la mercancía deba ser trasladada, poniéndolas en manos del porteador.
d) Entrega de documentos.[99]
e) Contratar un seguro de transporte, si a ello estuviere obligado, o, para efectos de la contratación de ese seguro por parte del comprador, proporcionar toda la información de que disponga.

El cumplimiento de las obligaciones adicionales que se desprenden de la entrega deberá realizarse en el momento de entrega de la mercancía y en el lugar previsto para ello según el contrato. En el caso de entrega anticipada de documentos el vendedor puede subsanar las incorfomidades que se presenten en dichos documentos hasta que se produzca la entrega de la cosa siempre y cuando esta conducta no genere inconvenientes para el comprador.

     3) Transmitir la propiedad de las mercancías.
Como técnica jurídica en la organización del texto se puede apreciar cómo la Convención trata en forma separada la transmisión del riesgo, figura jurídica que está profundamente ligada a la entrega en cuanto que, en la mayoría de los casos, es en ese momento cuando se evidencian las inconformidades en la mercancía entregada y la pactada, de la transmisión de la propiedad de las mercancías.

a) Conformidad material y conformidad jurídica
El artículo 35 de la Convención establece la obligación del vendedor de entregar la mercancía de conformidad [100] con la calidad y cantidad pactada en el contrato y que, de igual manera, el transporte de la misma se haga en la forma especificada. La conformidad a que se refiere el citado artículo no es exclusivamente material sino que también tiene que haber una conformidad jurídica.

(1) Conformidad material.[101]
Esta es la más evidente de todas en cuanto que se vincula con el estado físico y real de la cosa. En este punto es necesario diferenciar dos tipos de incumplimiento en la entrega de la mercancía:
(a) Defectos en la entrega: en este caso se puede tratar de una entrega parcial.[102]
(b) Vicios de la cosa entregada: este es el caso de los vicios ocultos a los que se refiere de forma concreta el artículo 35 de la Convención.

El mencionado artículo enumera los casos en los que se entiende que se ha cumplido con la conformidad de la mercancía, siendo estos la entrega material de mercancías que sean coherentes con los usos de productos de características similares; cuando sirvan para desarrollar usos especialmente pactados con el comprador; cuando coincidan con las características de la muestra ofrecida y cuando se empaquen de la manera usual para este tipo de mercancías.

En los esquemas jurídicos latinoamericanos se prevé el saneamiento de los vicios de la cosa cuando estos impidan la utilización del objeto según la función natural que debe tener; es así como el Código de Comercio de Venezuela permite que el comprador resuelva el contrato si los daños en la cosa durante el transporte hacen que la cosa sea inútil para el uso al que estaba destinada.[103] De igual forma, nuestra legislación y la legislación chilena consagran el principio del vicio redhibitorio el cual se estructura a partir de la incapacidad de la cosa para prestar el uso natural [104] para el que fue concebida.

A su vez, podemos observar como en las legislaciones latinoamericanas el vendedor se libera de la obligación de conformidad material cuando hace entrega de una cosa con calidad mediana (Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú).

(2) Conformidad Jurídica.
En lo relacionado con la transmisión de la propiedad, la Convención considera que la transferencia de dominio no es un elemento propio de la compraventa sino uno de sus efectos, entendiéndola por tanto como un deber del vendedor.[105]

Según lo previsto en el artículo 30 de la Convención, el vendedor se encuentra obligado a transmitir la propiedad de la cosa y se produce, por lo tanto, un incumplimiento en la citada conformidad en el evento en que la mercancía entregada se encuentre subordinada al ejercicio de derechos por parte de terceros, a menos que medie autorización y voluntad del comprador para aceptarla afectada por dichos derechos.

El saneamiento de la evicción se constituye como una obligación del vendedor. Esta obligación tambien se encuentra consagrada en los ordenamientos latinoamericanos de forma unánime, pero se resalta que es una obligación compartida con el comprador el cual tiene el deber de notificar dicha evicción.

En este punto la Convención en el numeral 1) de su artículo 42 establece un hito novedoso relacionado con los derechos de autor y copyright, en cuanto que el vendedor se compromete a entregar las mercancías libres de todo derecho o pretensión de terceros relacionados con los temas anteriormente mencionados.

Esta regulación unificada por parte de la Convención ha sido un acierto en materia de protección de los derechos derivados de la propiedad industrial en cuanto que al ser un asunto de tratamiento internacional,[106] afectaba por igual a todos los paises, pero por la diversidad de legislaciones el control y la aplicación de los derechos se hacía complejo.

La Convención consagra una excepción de responsabilidad ante este tipo de conformidad en el evento en que el comprador conozca o tuviera la capacidad de conocer la existencia de la pretensión de un tercero sobre el objeto del contrato, o si el vendedor y el comprador hubieran ajustado dentro de los términos del contrato el derecho del tercero. En estos dos casos se aplica la excepción consagrada en el artículo 42 numeral 2) de la Convención.

La obligación de transmitir la propiedad se encuentra consagrada en la mayoria de los ordenamientos latinoamericanos, estructurandose como una obligación esencial de la compraventa.

     4) Transmisión del riesgo.
Los artículos 66 a 70 de la Convención se ocupan de la transmisión del riesgo [107] del vendedor al comprador.

De esta forma el articulado prevé que en el caso en que las mercaderías se deterioren o se pierdan una vez transmitido el riesgo por el vendedor, este hecho no libera al comprador de su obligación de pagar el precio a menos que la pérdida o deterioro mencionado se deba a un acto o a una omisión del vendedor.[108]

De igual forma, si el contrato involucra el transporte de las mercaderías y no existe obligación expresa del vendedor de entregar dichas mercaderías en un lugar específico, se entiende que el vendedor cumplió con la obligación de entrega en el momento en que pone en poder del primer porteador los bienes objeto de la compraventa.[109]

En el evento en que el vendedor se encuentre obligado a entregar las mercaderías a un porteador determinado en un lugar predefinido, el riesgo no se transmitirá sino hasta el momento en el cual se entreguen las mercancias al porteador señalado en el contrato y en el lugar específico que las partes acordaron.

Aún así, la transmisión del riesgo al comprador unicamente tendrá lugar cuando las mercaderías se encuentren claramente identificadas según lo previsto en el contrato, es decir, especificadas por medio de señales en ellas, identificadas en los documentos de expedición o en la comunicación enviada al comprador o por cualquier otro medio.[110]

En el caso de las mercaderías en tránsito, el riesgo se encuentra radicado en cabeza del comprador desde el momento de la celebración del contrato, pero puede establecerse de las circunstancias que el riesgo será asumido por el comprador desde el momento en que las mercaderías hayan sido puestas en poder del porteador que haya expedido los documentos que acreditan el transporte.[111]

Es importante tener en cuenta que si al momento de la celebración del contrato, el vendedor conoce o ha debido conocer que las mercaderías habían sufrido pérdida o deterioro y ocultó esa información al comprador, el riesgo de dicha pérdida o deterioro será asumido por el vendedor. Casos adicionales de transmisión del riesgo al comprador:

a) Cuando el comprador se haga cargo de las mercaderías o desde el momento en que se pongan dichas mercaderías a su disposición a pesar de que el comprador rechace la recepción de las mismas.

b) Cuando se establece un lugar específico de entrega de mercaderías distinto al establecimiento del vendedor, el riesgo se transmitirá cuando se efectúe la entrega y el comprador tenga conocimiento que las mercaderías están a su disposición en el lugar determinado.

c) En el caso de mercaderías sin identificar solamente se entenderá que dichas mercancías se pusieron a disposición del comprador en el momento en que dichos bienes se encuentren claramente especificados.

Las normas sobre transmisión del riesgo no afectan los parámetros establecidos en el incumplimiento del contrato.

     5) Entregar los documentos.
La obligación de entrega de documentos se encuentra establecida en los artículos 30 y 34 de la Convención, correspondiendo a una obligación adicional de carácter especial del vendedor en cuanto que debe hacerse entrega de los documentos cuando estos acompañen las mercaderías.

Es necesario resaltar que la Convención no es clara sobre los tipos de documentos que deben ser entregados por el vendedor, solamente se menciona que estos deben entregarse en el lugar y en el tiempo que se determina para la entrega de las mercancías objeto del contrato.

Aún así, a pesar de que la Convención no determina de manera expresa los tipos de documentos, es posible deducir que se refiere a las cartas de porte o conocimientos de embarque (B/L), documentos que deben encontrarse en poder del comprador para que éste pueda ejercer los derechos que le corresponden en relación con las mercancías transportadas. En este punto es necesario tener en cuenta los documentos que, a pesar de no entrañar de forma directa la esencia del contrato y de la tradición, son requeridos para que el comprador pueda ejercer sus derechos como es el caso de los manuales de funcionamiento de equipos o de instrucciones de instalación.

La obligación de entrega de documentos tiene un carácter accesorio y por lo tanto sigue la suerte de la obligación principal, pero en el evento en que dicha entrega sea un requisito para que el comprador pueda ejercer sus derechos, el incumplimiento de esta obligación puede llevar a la resolución del contrato como si fuera una obligación principal según lo previsto en el artículo 25 de la Convención.

También es necesario tener en cuenta que en el evento en que el incumplimiento en la obligación de la entrega de los documentos lleve a que el comprador no pueda usar apropiadamente la mercadería, se entenderá que la entrega no se ajusta al contrato y sería aplicable el artículo 35 de la Convención relativo a la conformidad de la mercancía.[112]

Los estatutos jurídicos latinoamericanos entienden la entrega de documentos como una obligación accesoria, pero también consideran la entrega del título como una forma simbólica de tradición.

La obligación de entrega de documentos reviste gran importancia ya que dota de mayor seguridad el intercambio mercantil, tal como se regula en el Código Suizo.[113]

b. Obligaciones del comprador.
1) Pagar el precio.
Esta obligación se encuentra consagrada en el artículo 53 de la Convención, determinando que el comprador está obligado a pagar el precio en el lugar y en el tiempo estipulado. Es evidente que el precio debe estar definido para poder cumplir con esta obligación pero se presentan casos en que el precio no se encuentra claramente establecido.

En este punto la Convención tuvo que conciliar dos posiciones contradictorias en cuanto que en múltiples ordenamientos jurídicos, como el caso de los países socialistas o los de tradición jurídico neorromanista es necesario la certeza en el precio para que exista contrato.[114] En el ordenamiento jurídico de la extracción del Common Law [115] la indeterminación del precio no afecta la validez del contrato.

Por lo tanto, la Convención admite la validez de los esquemas de contrato con precio indeterminado pero a su vez establece un sistema para determinar dicho precio.[116] Es importante tener en cuenta que la Convención no debe aplicarse en los esquemas donde la ausencia de precio lleva a la invalidez del contrato.

El artículo 14 de la Convención establece que para que pueda haber una propuesta comercial es necesario que exista un precio determinado o determinable, por lo que en el cuerpo mismo de la Convención pareciera encontrarse una aparente contradicción en relación con el precio dentro de los negocios comerciales, la cual no obstante queda resuelta con el texto del artículo 55.[117]

El planteamiento del artículo 55 de la Convención sobre la determinación del precio según las leyes de mercado al momento de hacer el negocio, es acorde con la posición de algunas legislaciones latinoamericanas, en las cuales se establece que en caso de no haber definido el precio se presume que se ha pactado un precio corriente al día y lugar de celebración del contrato [118] o el día y lugar de entrega de la cosa vendida. En Brasil y Venezuela se exige que el precio sea determinado por un tercero.[119]

El pago del precio según la Convención, involucra cumplir tambien con las obligaciones fijadas por las leyes y los reglamentos para poder hacer efectivo dicho pago.[120] De esta manera, el comprador es responsable de los trámites necesarios para que el precio pueda llegar al vendedor; igualmente debe correr con los gastos del mismo y por esta razón se hace obligatorio que el comprador cumpla inexcusablemente con las normas del país del vendedor y con las correspondientes obligaciones tributarias.[121]

Es importante resaltar que, en relación con el tema del pago en especie la Convención guarda silencio, lo cual conduce a la aplicación del Derecho interno sobre el particular.

El pago del precio también debe circunscribirse a condiciones de lugar y tiempo, así:
a) Circunstancias de lugar.
La Convención establece que el lugar del pago será el establecimiento del vendedor en el caso en que no medie estipulación en contrario o en el lugar donde se entregue la mercancía en el caso en que dicha compraventa sea contra entrega de las mercaderías o de documentos. Esta materia se encuentra regulada en el artículo 57 de la Convención, artículo que presenta problemas en su aplicación en cuanto que en algunos países el lugar del pago determina la competencia judicial en caso de litigio.

b) Circunstancias de tiempo:
El tiempo en el cual se debe realizar el pago se encuentra consagrado en los artículos 58 y 59 los cuales prevén que el pago debe hacerse cuando el vendedor ponga la cosa o los documentos representativos a disposición del comprador sin que medie requerimiento de ninguna clase por parte del vendedor.

De igual forma, la Convención consagra el derecho del comprador de examinar las mercancías con anterioridad al pago del precio con el fin de dar coherencia al principio de la conformidad material que debe existir para que el negocio se perfeccione.

Es importante tener en cuenta que los ordenamientos latinoamericanos prevén dos puntos relativos al precio que no se encuentran contemplados por la Convención, los cuales son:
  • Que el comprador corre con los gastos de extracción de la cosa y los que se desprendan del instrumento de la venta, es decir gastos de transporte.
  • Que en el evento en que la cosa objeto del contrato produzca frutos se deben los interses hasta el día de la entrega.


Por lo tanto, estos puntos pueden ser tratados de forma expresa dentro del contrato en vista del silencio que guarda la Convención sobre dichos tópicos.

2) Examinar las mercaderías.
Esta obligación se encuentra consagrada en el inciso 1 del artículo 38 de la Convención en el cual se impone la obligación al comprador de examinar, o hacer examinar por un tercero, la mercancía en el plazo más corto posible en relación con las circunstancias.

En el caso que durante el examen de las mercaderías se descubra una inconformidad, el comprador deberá anunciársela al vendedor en el menor tiempo posible a partir del descubrimiento de la misma. (artículo 39 inciso 1)

Esta obligación, al igual que la comunicación de la evicción es de carácter accesorio.

3) Comunicar la evicción.
Es obligación del comprador notificar al vendedor la existencia de derechos o pretensiones sobre terceros sobre las mercaderías en un plazo razonable.

En el evento en que el comprador no adelante esta acción, puede perder los derechos otorgados en el artículo 41 y 42 de la Convención relacionados con la responsabilidad del vendedor sobre la evicción y en especial la protección de los derechos de propiedad industrial.

El comprador esta exento de esta obligación en el caso en que el vendedor hubiese conocido el derecho o la pretensión del tercero.[122]


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